España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. Bastaron tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y de desprecio por la vida del otro sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil, en 1939, durante al menos dos décadas no hubo ninguna reconstrucción positiva, tal y como ocurrió en los países de Europa occidental después de 1945.
Los acontecimientos en Fuente del Maestre corrieron parejos a la toma de la capital. Con la entrada de las tropas nacionales y un tabor de regulares "Alhucemas V" capitaneado por "Mizziam el moro" que llegó a ser General de División tras finalizar el movimiento, el 20 de Agosto de 1936 se liberaba la localidad; operación que finalizó con el control absoluto de la población que no opuso resistencia. Sobre la madrugada se oyeron unos tiros, si bien las tropas entraron en Fuente del Maestre de forma pacífica. La columna salió de Los Santos de Maimona partiéndose en el cruce, desde donde siguieron hacia Villalba y de ahí a Santa Marta. Con ellos venía una bandera de Falange capitaneada por un Capitán de Marina "Almeida" de Badajoz, que permaneció en el pueblo durante algún tiempo. El resto de las fuerzas, no organizadas, la componían estudiantes de Sevilla, y falangistas del pueblo y de Zafra, que fueron llegando a medida que eran dueños de la situación.
Los vecinos, con la seguridad de que la entrada de los moros era signo de confianza comenzaron a regresar del campo abriendo las puertas y ventanas de sus casas, desde donde colgaban banderas y brazaletes blancos. A partir de este momento, permaneció en La Fuente un batallón de guarnición que se encargó de mantener, tras la actitud pacifica de la población, el orden en la retaguardia, búsqueda y captura de desertores y una rápida normalización de la vida civil. El pueblo quedó guarnecido por falangistas hasta que se organizó el gobierno local de Falange, que con el control de carreteras, rondas y detenciones masivas iniciaba una fase de represión incontrolada.
"Próxima la total liberación de España", Franco había firmado en Burgos, el 9 de febrero, la Ley de Responsabilidades Políticas, el primer asalto de la violencia vengadora sobre la que se asentó la Dictadura. La ley declaraba "la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas" que, desde el 1 de octubre de 1934, "contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España", y las que, a partir del 18 de julio de 1936, "se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave". Ilustres republicanos, autoridades políticas y dirigentes sindicales cayeron bajo el peso de esa ley, que castigó a muchas personas ya asesinadas, desterradas, exiliadas, presas o "en paradero desconocido". Al tiempo que dibujaba el círculo de autoridades de dominio político, militar y religioso - Alcalde, el Jefe Local de Falange, el Cura Párroco y Comandante del puesto de la Guardia Civil - que iban a controlar durante los largos años de la paz de Franco haciendas y vidas de los ciudadanos.
Poco a poco se irá configurando, desde los comienzos de la guerra, un nuevo "ideario" en el que junto, a los principios de carácter general, se incluyeron los nuevos principios, político, sociales y religiosos, que habrían de impregnar en el futuro la vida y actitudes mentales de la población. En el plano político fueron destituidos, de inmediato, en Fuente del Maestre todas aquellas primeras autoridades que conformaban el Frente Popular, pasando el órgano político a una Comisión Gestora integrada por miembros de partidos de derechas, gentes de orden y conservadores en general. La consolidación de un patriotismo exacerbado desembocó en una sociedad militarizada, máxime cuando un comportamiento poco definido acarreaba sospechas o antipatías con el nuevo sistema de valores. En este sentido, fueron numerosas y masivas las manifestaciones que se produjeron, en Fuente del Maestre, en apoyo a la causa nacional durante los casi tres años que duró el conflicto. Por parte de la autoridad local, se promovieron celebraciones, manifestaciones, veladas, e, incluso un festival taurino que, a beneficio del Ejército Salvador de España, iba también destinado a paliar algunas de las necesidades de los más pobres del pueblo. No faltaron tampoco expresiones de júbilo por los éxitos de los sublevados y como signo de adhesión al nuevo sistema político. La toma por ellos de alguna ciudad importante, sus avances, el paso por la región de ciertas autoridades estaban en el origen de ello. Desfiles espectaculares y manifestaciones patrióticas se producían también en fiestas muy significativas, establecidas por los jefes del bando nacional. El 20 de Agosto de cada año, tras cumplirse el aniversario de la liberación del pueblo por el Ejercito Nacional toda la autoridad tenía por costumbre, celebrar dicho día con una solemne función religiosa, en acción de gracias, invitando a que concurrieran a la misma el vecindario. Si bien, este tipo de celebraciones contaban con más cariz político que religioso, tanto en unas como en otras, se produjeron el mismo tipo de actividades. La Iglesia, colmada de privilegios con la victoria, recuperara su papel de guardián de la buena moral y de las buenas costumbres. Los párrocos se convirtieron, gracias a esa ley, en investigadores públicos del pasado de todo vecino sospechoso de haber "subvertido el orden" y, por supuesto, de haber "atacado a la Iglesia", acusaciones bajo las que podían implicar a los supuestos responsables y a toda su familia.
La Gestora Local llevó, además, a cabo una tarea sistemática de depuración de toda la administración pública, proceso que alcanzó a todos los servidores del Estado al margen del cargo aceptado, así como el cambio de nombres a las calles y otras vías públicas. Sirviendo de norma que todos aquellos que hubiesen militado en las filas de partidos o agrupaciones políticas que constituyan el "nefasto" Frente Popular debían ser considerados enemigos de la Patria y por tanto separados de sus cargos. Despidiéndose en Fuente del Maestre a José Castaño Márquez (socialista), Antonio Llamazares Santiago (socialista) y Diego González Valero (Frente Popular). El cambio de legalidad conllevó también en la localidad, la incautación de locales, acordándose por la Camisón Gestora, como de máxima necesidad, "incautar la Casa del Pueblo, por depositarse en ella aquellos y demás efectos que pudieran ser objetos de incautación". Por no hablar, de las reiteradas llamadas a la población mediante los correspondientes bandos en los que, de manera coactivas, "se conmina con graves penas a los que ocultasen en sus casas a personas extrañas a la familia, dificultando la labor de la justicia". Igualmente se instaba a los vecinos para que "entreguen las armas y objetos robados o dejen dichas armas y objetos en la vía pública, donde serán recogidos por los agentes de la autoridad". En última instancia, la depuración como tarea represiva alcanzó un significado, en ocasiones trágico, y para algunos, supuso mucho más que la pérdida de trabajo.
La violencia sobre las personas estuvo presente desde los primeros instantes en la Extremadura nacional. A la desatada en la zona roja le correspondió paralelamente la represión contrarrevolucionaria en la zona nacional, tarea más sistemática e intensa, que originó un número de víctimas cuantitativamente muy superior. De forma arbitraria e irregular se procedió a un brutal ajuste de cuentas, asesinatos masivos, generalmente de aquellos a quienes se consideraban responsables de las persecuciones de derechistas o simplemente de simpatizantes y adictos del Frente Popular; en respuesta, ciertamente, a la violencia incontrolada que con anterioridad se acometió contra varias personas de derechas: En Fuente del Maestre, se fusiló a dos de los mayores terratenientes y a otros profesionales como abogados y comerciantes, partidarios del orden social tradicional. Sin embargo fueron los miembros del estamento eclesiástico los que sufrieron la represión más intensa. En total fueron 4 los religiosos que perecieron víctimas de la acción popular: 3 de ellos frailes del Convento de los Franciscanos ubicado en la localidad y sólo 1 del servicio parroquial, que además era natural de la localidad.
Fue Falange quien más colaboró en las tareas de limpieza, realizando vigilancias nocturnas, controlando salidas y practicando registros y detenciones, pues el grueso del ejército de África abandonó enseguida el pueblo con dirección a Madrid. En estas operaciones no fue raro ver a tránsfugas, que con estos actos pretendían lavar un pasado dudoso o muy conocido.
No menos frecuente fue la presencia de los Guardias Civiles en las detenciones de los vecinos y ejecuciones. Los reclutamientos forzosos tuvieron en los puestos, la mayoría de las veces, el banderín de enganche. De forma muy tardía, cuando las autoridades consideraron la purga convenientemente efectuada, la Guardia Civil recibió órdenes estrictas de evitar las sacas de cárceles y las detenciones y asesinatos incontrolados. Tras la Guerra, el puesto de la Guardia Civil se convirtió en el genuino representante del franquismo.
Lo cierto es que se produjeron sacas con el consentimiento del mando militar y hubo fusilamientos en las tapias del cementerio y en los extrarradios del centro urbano. Allí fueron asesinadas muchas personas que pasaron luego a fosas comunes abiertas en su interior. Rasgo común de estas muertes es que se trataba de asesinatos realizados sin ningún tipo de procedimiento judicial, pero que contaban con altas complicidades ya que se aceptaba, fácilmente, el testimonio de cualquier testigo más o menos solvente. En total fueron 191 las víctimas de la represión nacional en la localidad, de las cuales entre 15-16 eran mujeres. Casi todas vivían por la zona del camino de Santiago. “Sin duda eran las más revolucionarias..." y las que más habían destacado en las protestas sociales. Otras veces, sufrieron la represión como punición a una militancia fichada y se les se les cortó el pelo o se les obligaba a ingerir fuertes dosis de aceite de ricino y se las vejaba o violaba.
Terminada la Guerra Civil, el control siguió intenso a fin de detectar los movimientos de individuos comprometidos que buscaban su salvación con la huida. Gracias a la ayuda familiar, al instinto de supervivencia, o a su capacidad de camuflarse, lograban eludir a sus perseguidores durante un tiempo variable. Pero, a pesar de las precauciones, los descuidos eran inevitables y su detención inmediata. De todos es conocido el caso de José Ma. Zambrano Chaves que, permaneció camuflado en la alacena de su casa, por su familia, durante dos años, para en un acto de imprudencia ser visto y denunciado por un vecino, causándole dos años más tarde la muerte tras Consejo de Guerra en Almendralejo.
A partir de estos momentos, fueron los Consejos de Guerra los encargados de neutralizar a los adversarios. De hecho las cinco últimas víctimas de Fuente del Maestre relacionadas con la Guerra Civil aparecen bajo la consideración de "ejecutados sumariales" o muertos por Consejo de Guerra, entre 1939-1941 en las localidades de Badajoz y Almendralejo, respectivamente.
Acabada la guerra y a medida que transcurría la postguerra, las ejecuciones capitales fueron reduciéndose y la mayor parte de las condenas impuestas por los tribunales militares conmutadas por largos años de prisión en los campos de concentración, que se llenarían de miles de prisioneros de guerra. La vida en estos campos fue durísima y la estancia en ellos un motivo más de sufrimiento para los vencidos. Al cabo de unos años casi todos los detenidos recobraron la libertad, por los sucesivos indultos y redenciones. Pero su reintegración en la vida civil no fue fácil y la condición de rojo fue un estigma que acompañaba permanentemente a los individuos.
Y mientras los vencedores fueron considerados como mártires, caídos por Dios y por España, merecedores de todos los honores y sus nombres quedaron perpetuados en multitud de esquelas e inscripciones, los otros fueron relegados al olvido más sistemático. Un muro de silencio se levantó sobre ellos, e incluso sus nombres quedaron proscritos y en un buen número de casos ni siquiera los registros mortuorios recogieron su desaparición. Literalmente fueron borrados de la faz de la tierra.
Éste es un acto de homenaje hacia aquellas víctimas y, por tanto, simbólico por encima de todo. Nuestro objetivo es generar conciencia y proclamar una verdad conocida por todos, o casi todos, pero silenciada durante demasiado tiempo; la de defender a los débiles y reivindicar a los ofendidos; la de cerrar heridas reconociendo que se cometieron brutalidades por ambos lados. Por ambos, y no sólo por uno, como proclamó el franquismo, que homenajeó, y mucho, a sus "caídos por Dios y por España". Toca ahora a las instituciones democráticas asumirlo, dando además satisfacción a los descendientes de las víctimas. Nada tiene esto de revancha. Es un puro y simple acto de humanidad y de justicia.